Faltan menos de diez días para que termine el sexenio y las bases de licitación para una cadena de televisión digital terrestre (TDT) no estarán listas. El condicionamiento impuesto por la Comisión Federal de Competencia a la fusión de Iusacell-Televisa es casi seguro que no se cumpla. Funcionó la presión, el chantaje y la “captura” de Televisa sobre los organismos reguladores y, sobre todo, en Los Pinos.

Desde el inicio del gobierno calderonista, la posibilidad de una tercera cadena quedó dinamitada. Televisa bloqueó y amenazó a Luis Téllez, el primer titular de la SCT, cuando osó decir a inicios de 2007 que se analizaba esta posibilidad. La sociedad entre Telemundo-General Electric y el Grupo Saba acabó rompiéndose tras el linchamiento conjunto de Televisa y TV Azteca al empresario mexicano en las pantallas de sus noticieros, sin que tuvieran que pagar ningún costo. Telemundo optó por asociarse con Televisa y borrar cualquier posibilidad de emprender una estrategia independiente.

Entre 2009-2010 todo lo que oliera a una tercera cadena o a competencia en el ámbito de la televisión de paga fue combatido desde el Ajusco o las oficinas de Televisa San Angel. Menos sangrienta que la guerra del narcotráfico, la disputa de las telecomunicaciones fue también un conflicto de cárteles.

Desde hace dos años quedaron muy claras las posiciones: Televisa y TV Azteca en franca batalla pública con Telmex-Telcel. El nombre del juego se llamó: frenar el cambio de título de concesión para que Telmex pudiera dar servicios de triple play (audio, video e internet) en su extensa red de 19 millones de líneas telefónicas fijas.

La idea de una tercera cadena resurgió con el proyecto de Mony de Swaan, titular de la Cofetel, al anunciar un programa de concesionamiento de frecuencias para dos cadenas de televisión digital abierta. En otras palabras, para crear dos redes que, en el mediano plazo, significaran una competencia real para Televisa y TV Azteca.

Así le fue a De Swaan. La agencia Reuters lo acusó de corrupto. Los grupos de telecomunicaciones más vinculados al eje Televisa-TV Azteca y, al mismo tiempo, Telmex-Telcel le hicieron una guerra franca a través de los medios y de agencias extranjeras a un presidente de la Cofetel que se quedó solo frente a los otros 4 comisionados de Cofetel y sin el apoyo de Felipe Calderón.

El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), anunciado por Felipe Calderón, resultó una vacilada. No es ni el asomo de una “tercera cadena” de televisión, a partir de las señales públicas de Canal Once y Canal 22 sino un mecanismo de control de lo último que quedaba de aproximación a una televisión pública en el país.

La escandalosa aprobación de la CFC a la fusión de Iusacell-Televisa (sobre todo, después de la negativa inicial de 4 votos en contra y sólo 1 a favor) se condicionó a la licitación de una tercera cadena de televisión digital terrestre, entre otros seis puntos.

Se la han pasado por el arco del triunfo. Eduardo Pérez Motta, comisionado presidente de la CFC escribió este 20 de noviembre un revelador análisis en Reforma con mensajes explícitos al duopolio televisivo. El artículo “Licitación de televisión: no nos hagamos bolas” plantea tres reflexiones para juzgar el trabajo de Cofetel y CFC en este terreno. En primer lugar, que debe privilegiarse el criterio del interés público; en segundo lugar, que Cofetel y CFC deben ser reguladores autónomos a las presiones de los poderosos cárteles de los medios electrónicos y las telecomunicaciones; y, en tercer lugar, que “sí hay un plazo fatal para la licitación y es junio de 2014”.

Así lo explicó Pérez Motta en el último punto de su artículo: “Veinticuatro meses a partir de los condicionamientos impuestos por la CFC a Televisa y TV Azteca para aprobar la alianza Televisa-Iusacell. Si para ese momento se ha publicado la convocatoria para la licitación, pero ésta no se ha conducido exitosamente, las empresas tendrán que deshacer la alianza. Si no se ha publicado la convocatoria, se extingue la condición y las instituciones involucradas tendremos que vivir con la responsabilidad de haber sido incapaces de siquiera llamar a una licitación (ya no digamos llevarla a cabo) en el módico plazo de dos años.

“TV Azteca y Televisa, vale la pena remarcarlo, tienen el derecho constitucional inalienable de ampararse si no les gustan los términos de las bases de licitación o cualquiera otra actuación de la autoridad. Pero si cualquiera de ellos lo hace, el reloj de los 24 meses no se detiene. Ellos sabrán si quieren correr el riesgo de que se acabe el tiempo y se disuelva la alianza Televisa-Iusacell. Las reglas son claras y ellos las aceptaron explícitamente”.

Pérez Motta lanza una advertencia muy clara. El punto es que él se irá de la CFC, la Cofetel también se renovará y el gobierno de Enrique Peña Nieto entrará mucho más amarrado a los intereses de las televisoras que el de Felipe Calderón.

El adiós a una tercera cadena es mucho más grave por dos razones: se pospone el proyecto de avance de la digitalización y se fortalece el modelo de contención monopólica al acceso de los mexicanos a otras tecnologías. En otras palabras, no serán 132 estudiantes sino millones de mexicanos que presionarán a una democratización del régimen de medios electrónicos.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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